Desde los años 90, las agencias de desarrollo e instituciones internacionales han promovido la participación del sector privado en la infraestructura, suponiendo que ésta aportaría inversión y eficiencia en un sector público de bajo rendimiento. En los sectores de agua y energía, tales expectativas no se han cumplido. En los países en desarrollo la inversión privada está disminuyendo, las empresas multinacionales no han podido generar ganancias sostenibles y la privatización del agua y de la energía ha sido ampliamente rechazada, además de encontrar fuerte oposición política.
